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Por qué quiere el Gobierno reformar el Código Penal

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Cristina Fernández de Kirchner recibió el viernes pasado de manos de una comisión -creada por ella misma mediante decreto- un anteproyecto de Código Penal que de ser aprobado remplazaría al actual, promulgado en 1921.

Durante un año y medio, y sin demasiada publicidad, este equipo, coordinado por el juez de la Suprema Corte Raúl Zaffaroni e integrado por el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanian, los diputados Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y la ex diputada María Elena Barbagelata (Frente Amplio Progresista), se dedicó a la redacción del nuevo texto.

No se analiza aquí el contenido del proyecto –algo que ya fue hecho en anteriores notas (Ver: tener menos de 21 años será un atenuante para todos los delitos)- sino la necesidad, oportunidad y metodología de este cambio, que no es menor, ya que, con el argumento de devolverle coherencia y proporcionalidad al Código Penal actual, se decide la redacción de uno totalmente nuevo.

Salta a la vista la composición mayoritariamente garantista de esta comisión y, si bien se ha anunciado que el proyecto será sometido a consulta, no existen garantías de que vaya a haber receptividad al aporte profesional ni una seria búsqueda de consenso, teniendo en cuenta la afición de este Gobierno por la aprobación de proyectos a libro cerrado.

Considerando además que la actual administración ha calificado reiteradamente como “sensación” a la inseguridad que viven los ciudadanos a consecuencia del auge de la violencia delictiva, difícilmente pueda pensarse que su norte sea proteger la vida y los bienes de los argentinos.

En referencia a esto, Ricardo Gil Lavedra, integrante de la comisión reformadora, señalaba –consultado por este diario en el momento de la presentación del grupo–  que constituía un equívoco “pensar que la situación de inseguridad la resuelve el Código Penal, cuando en realidad eso depende de políticas públicas para establecer una ciudadanía más respetuosa de la ley, una policía eficiente y honesta, un servicio de justicia que actúe con prontitud y un sistema carcelario que cumpla su función. (…) En materia de seguridad hay una ausencia de políticas claras”.

Precisamente, si las principales falencias en materia de seguridad no vienen del Código sino de la mala conducción de las fuerzas de seguridad y la falta de una política de seguridad pública, o del deficiente y a la vez inhumano sistema carcelario, estamos ante un problema de inversión de prioridades. Un gobierno, al que le queda un año y medio de gestión, pretende abocarse a cuestiones “estratégicas”, mientras desatiende la emergencia que se vive en materia de inseguridad.

El avance de la “mano blanda”

Claro que es más fácil servirse de las mayorías automáticas para hacer pasar un proyecto que trabajar seriamente en reestructurar y conducir efectivamente a las fuerzas de seguridad –tras 10 años de gestión, los funcionarios kirchneristas siguen calificando de “maldita” a la policía que les debe estar subordinada-, o reformar el sistema carcelario; o establecer de una vez por todas un régimen penal juvenil que supere la inconducente discusión sobre la edad de imputabilidad.

El doctor Gil Lavedra señalaba también como otro “equívoco” el creer “que las penas tienen necesariamente un peso disuasivo en punto a su magnitud”, ya que eso puede llevar a pensar “que una reforma del Código debe tender a establecer penas muy duras, pero hoy tenemos una situación grave de inseguridad pese a las reformas Blumberg”.

El principal argumento para la reforma es justamente la desproporcionalidad generada en el actual Código por las muchas reformas de estos 90 años, siendo el principal blanco de las críticas las citadas reformas Blumberg (2004).

Que el Código Penal actual ha perdido su coherencia original en algunos aspectos es innegable. Pero no es cierto que los cambios hayan ido todos en el sentido del endurecimiento del sistema.

Según el ex juez Oscar Salvi, “en los últimos 20 años, en ayuda de la delincuencia, se sancionó la ley del dos por uno, se amplió la posibilidad del dictado de condenas de ejecución condicional (elevando de dos a tres años de prisión el máximo para su aplicación), se incorporó la suspensión del juicio a prueba (probation), se ampliaron las liberaciones y salidas anticipadas, etcétera. ¿Resultado? Un aumento en la cantidad de conductas delictivas que ya no se puede ocultar”

“Aquí y en todo el mundo, si la ley no se cumple ni hay quien la haga respetar, no se soluciona el problema”, decía por su parte el abogado penalista Eduardo Gerome. “En este momento –agregaba- los jueces están en una carrera por ver quién es más permisivo en el tratamiento de los delincuentes y van encontrando permanentemente nuevas interpretaciones del Código que permiten liberar gente que vuelve a delinquir: los regímenes de prelibertad, libertad condicional y salidas laborales se han automatizado y no se constata debidamente si la persona está en condiciones de ser liberada anticipadamente; el mero vencimiento del plazo es suficiente”.

“Claro que el Código por sí solo no soluciona el problema –concedía-, tiene que haber políticas de inclusión, prevención y disuasión, y un tratamiento diferente de la cuestión policial. Todas estas cosas que están alrededor de la ley penal son más importantes de solucionar que la letra del Código”.

Y concluía categórico: “No creo que sea necesaria una reforma, quizá sí un ordenamiento, pero una reforma trae aparejados cambios en la orientación del derecho penal y eso no es lo que necesitamos en este momento. El código vigente ha ido siendo interpretado por numerosa jurisprudencia y sus reformas han ido dando cabida a las nuevas inquietudes de la sociedad. Constituye un bloque que ahora quiere ser cambiado en un todo, provocando una escisión en el devenir jurídico”.

En realidad, más parece imponerse aquí la voluntad de un jurista, cultor del minimalismo penal, que busca aprovechar un momento de influencia en la cosa pública que puede no repetirse.

Y no sería la primera vez que el oficialismo avanza con reformas extemporáneas y alejadas de las preocupaciones de la gente, pero no por ello desprovistas de consecuencias sociales, como por ejemplo el voto a los 16 años.

El credo garantista

El debate sobre la inseguridad en el país se ha visto bloqueado por el ideologismo. La categorización de los reclamos de mayor seguridad como una preocupación de “ricos” y una bandera de la derecha ha servido de excusa al Gobierno para una década de inacción.

Al revés de lo que se sostiene, la tendencia en estos años ha sido hacia la mano blanda. Un juez que condenó a un preso por homicidio fijándole una pena inferior al mínimo establecido por la ley, dijo en una entrevista con Infobae TV que otros magistrados estaban haciendo lo mismo, en una suerte de cruzada de quienes creen que la función de los tribunales es poner “freno a los excesos punitivos del Estado”.

El credo garantista no sólo deslegitima las atribuciones públicas en la materia sino también el derecho de la víctima a exigir justicia, asimilándolo a un deseo de “venganza”.

“Evitar la reproducción del dolor”, es uno de los mantras de esta corriente. Se asimila así el daño causado por el delincuente a la víctima con el que luego le “causa” el Estado al perpetrador del crimen.

“Los minimalistas creen”, decía el propio Zaffaroni, “que un día habrá un poder punitivo al servicio del más débil, que es la víctima en el momento del hecho y el victimario en el momento del juicio“. Nótese la equiparación entre quien es víctima de un delito y quien lo ha propiciado.

Zaffaroni dijo esto en la audiencia pública en la cual se debatía su designación como juez de la Corte Suprema. Supuestamente estaba tomando distancia de esas posiciones abolicionistas, pero lo cierto es que los jueces que hoy facilitan la salida anticipada de los condenados –con absoluto desdén por el altísimo porcentaje de reincidencia- se inspiran en él y hasta lo citan directamente.

El garantismo promueve un discurso sobre el Estado más apropiado a tiempos dictatoriales que a los 30 años de democracia cumplidos por la Argentina. La deslegitimación de la función punitiva desconoce que los ciudadanos depositaron en el Estado la función de vigilar el cumplimiento de la ley y castigar a quienes la infringen, renunciando al ejercicio de la venganza personal. Es el resultado de un larguísimo proceso civilizatorio, y si el Estado, a través de sus representantes –en este caso los jueces-, no ejerce esa atribución, está renunciando a una de sus razones de ser.

Marx decía que la materialidad determina la conciencia. Se puede decir que la psicología también. En la citada audiencia en el Senado, Rodolfo Terragno documentó de modo inapelable el desempeño del candidato Zaffaroni como juez del Proceso de Reorganización Nacional (la dictadura 1976-83), que no sólo juró por sus Estatutos sino que no tomó ninguna iniciativa para frenar la función represiva –entonces ilegal- del Estado, como quiere hacerlo hoy con su legítima función punitiva.

Es una laguna que muchos, en estos años de retro-setentismo, buscan colmar con sobreactuaciones.

La “traición” del progresismo

En años recientes, se publicó en Francia un libro de título provocativo: “Seguridad: la izquierda contra el pueblo”. Lejos de ser un intelectual de derecha, su autor, Hervé Algalarrondo, es el vicejefe de redacción del semanario de izquierda Le Nouvel Observateur.

Algalarrondo afirma que la izquierda ha descuidado un fenómeno que golpea sobre todo a los más pobres, porque ve en el delincuente a una víctima de la sociedad y considera a la seguridad como un reclamo de la derecha.

La izquierda, dice, deja indefensos a los más débiles frente al ascenso del delito porque la ideología la hace tomar partido por el delincuente. Una “cultura de la excusa” lleva a los progresistas a ignorar a la víctima para asumir la defensa del que viola la ley. Privilegiar las causas sociales en la explicación de los motivos del delito es una cosa. Renunciar a combatir la delincuencia, otra. Pero, para la izquierda, la explicación se convierte en excusa. Excusa para el delincuente y excusa para la inacción de los poderes del Estado.

Otra creencia que Algalarrondo combate es la de que una mejora de la situación económica traerá automáticamente una caída en los índices del delito, o sea, apostar a que el tiempo lo resuelva todo. Los argentinos venimos comprobando la falsedad de esa tesis en carne propia: el país ha crecido sostenidamente en los últimos años, pero el flagelo de la delincuencia no retrocede.

Los “bienpensantes” del progresismo no han entendido que la inseguridad toca justamente a los más carenciados, “ahoga a los servicios públicos y a las barriadas”, escribe Algalarrondo. “La izquierda –acusa– ha olvidado sencillamente que las primeras víctimas del incremento de la inseguridad” son los trabajadores, la gente humilde.

En el imaginario progresista, la lucha contra el delito está siempre asociada con el atentado contra la libertad individual. No hay duda de que pueden cometerse abusos en la represión de la delincuencia, pero en el estado de derecho existen mecanismos para prevenirlos y evitarlos, por lo tanto, no pueden ser la excusa para una inacción que, a la larga, por el caos y la inseguridad que genera, acaba atentando, y en mucho mayor medida, no sólo contra la libertad individual, sino contra la vida misma.

En este momento, en la Argentina, aún acallado mediáticamente por otras problemáticas –inflación, devaluación, ajuste-, hay un sordo clamor de la sociedad por más seguridad; una demanda que no recepciona ninguno de los tres poderes del Estado.

Lejos de ser una respuesta a ese reclamo, la iniciativa de un nuevo Código es otra distracción de los problemas realmente urgentes que funcionarios, jueces y legisladores deberían atender.

Fuente: Infobae

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